Publicidad institucional y falta de transparencia en España
El motivo de este artÃculo es sencillo: Moncloa ha publicado su informe anual
de publicidad institucional, un documento que, en teorÃa, deberÃa mostrar con
claridad cómo se reparten los más de 190 millones de euros destinados a
campañas públicas.
Pero al echarle un vistazo, uno descubre algo sorprendente: el informe no
incluye el dato esencial. No dice qué medios han recibido dinero ni cuánto ha
recibido cada uno.
Es decir, el Gobierno publica “información”, pero evita publicar la
información que realmente importa.
A partir de aquà empieza el problema.
El Consejo de Transparencia obligó a Moncloa a entregar la información
completa. Aun asÃ, el Gobierno no ha publicado la tabla Ãntegra, y eso ya dice
mucho.
La ciudadanÃa sigue sin poder saber cómo se reparte un dinero que afecta
directamente a la independencia de los medios.
La única lista completa —6.900 pagos individuales— la consiguió
El Confidencial después de dos años de recursos. Pero tampoco la
ha publicado como documento abierto.
Solo muestra gráficos, ejemplos y conclusiones.
No hay un Excel, no hay un PDF, no hay un listado público.
Los datos existen, pero no se pueden consultar.
Y asà es imposible saber si el reparto es justo o si favorece a unos medios frente a otros.
Un problema que viene de lejos
El problema no es solo este año.
España no tiene un sistema claro para repartir la publicidad institucional.
Cada ministerio decide por su cuenta, sin criterios públicos, sin auditorÃas
externas y sin un organismo independiente que supervise nada.
En otros paÃses esto está mucho más controlado.
En Reino Unido se publican los datos medio por medio.
En Francia hay auditorÃas periódicas.
En los paÃses nórdicos el reparto sigue criterios objetivos basados en
audiencia y pluralidad.
Aquà no.
Aquà todo depende de la voluntad del Gobierno de turno.
Y eso, en una democracia, es un criterio dudoso.
La sospecha inevitable
Sin datos completos, no se puede demostrar nada.
Pero tampoco se puede descartar nada.
Lo único que sabemos -porque lo han publicado El Confidencial y
El Debate- es que El PaÃs y Cadena SER aparecen entre los principales beneficiados.
Pero sin cifras exactas, sin un ranking verificable y sin la tabla Ãntegra,
cualquier análisis profundo queda bloqueado.
La transparencia a medias no es transparencia.
Es una forma elegante de no enseñar nada.
La prensa y su papel: el cuarto poder
Siempre he pensado que la prensa, el llamado cuarto poder, está para vigilar
al poder, no para acompañarlo.
Para criticar, para señalar abusos, para informar a los ciudadanos de las
“fechorÃas” que puedan cometer el ejecutivo, el legislativo o el judicial.
Puede sonar ingenuo, pero una democracia sana necesita una prensa incómoda, no
una prensa agradecida.
Una prensa que pregunte, que investigue, que moleste.
No una prensa que dependa económicamente del Gobierno.
Cuando los medios reciben una parte importante de sus ingresos del poder
polÃtico, esa independencia se debilita.
Y cuando el reparto es opaco, la sospecha de favoritismo crece.
El Consejo de Transparencia: un árbitro sin fuerza
El Consejo de Transparencia hace lo que puede.
Obliga a entregar datos, pero no puede sancionar.
El Gobierno puede retrasar, recurrir o entregar información incompleta sin
consecuencias reales.
La transparencia, en España, depende más de la voluntad polÃtica que de la
ley.
Y eso no deberÃa ser asÃ.
La concentración mediática: pocos grupos, mucho poder
Otro problema es que el mercado mediático español está muy concentrado.
Cuatro o cinco grupos controlan la mayor parte de la audiencia.
Si esos grupos reciben también la mayor parte del dinero público, el
pluralismo se reduce todavÃa más.
La publicidad institucional, mal gestionada, puede reforzar esa
concentración.
Y eso afecta directamente a la calidad de la información que recibe el
ciudadano.
El ciudadano: el gran perjudicado
Al final, el que sale perdiendo es el ciudadano.
Sin transparencia, no sabe quién financia a quién.
No sabe si un medio es crÃtico porque quiere o porque puede.
No sabe si otro medio es amable porque lo cree o porque lo necesita.
Y esto provoca algo todavÃa peor: división entre los propios ciudadanos.
Cada uno sigue a “sus” medios, cada uno cree que los otros están manipulados,
cada uno piensa que el otro vive engañado.
Y esa división, esa polarización, este Gobierno no ha hecho nada por
evitarla.
Más bien al contrario: la ha alimentado, y a mi modo de ver, conscientemente,
desde que llegó al poder.
Cuando la información se convierte en un campo de batalla, la sociedad se
rompe.
Y eso es exactamente lo que está pasando.
Conclusión: sin datos no hay democracia informada
España necesita un sistema de publicidad institucional transparente, claro y
auditable.
Un sistema que no dependa de afinidades polÃticas.
Un sistema donde los datos sean públicos, completos y accesibles.
Hasta que eso ocurra, seguiremos moviéndonos en un terreno donde la transparencia se anuncia, pero no se practica; donde los datos existen, pero no se enseñan; y donde la sospecha es la única herramienta disponible para entender cómo se reparte el dinero público.
La democracia no solo necesita instituciones fuertes.
Necesita una prensa libre, crÃtica e independiente.
Y para eso, la transparencia no puede ser una concesión parcial: debe ser un
compromiso completo.
BibliografÃa:
-
El Confidencial: investigación sobre los 6.900 pagos de publicidad institucional obtenidos tras resoluciones del Consejo de Transparencia.
-
El Debate: análisis crÃtico del reparto basado en los datos publicados por El Confidencial.
-
Informe de Publicidad y Comunicación Institucional publicado por La Moncloa (última edición disponible).
-
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: resoluciones relacionadas con solicitudes de acceso a datos de publicidad institucional.
-
Edelman Trust Barometer: datos sobre confianza ciudadana en medios e instituciones.
-
Comparativas internacionales de transparencia en publicidad pública (Reino Unido, Francia, paÃses nórdicos).
¡¡Hasta la próxima!!
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