La Trampa de la Malversación

La Trampa de la Malversación

Últimamente nos bombardean con noticias sobre tribunales, amnistías y recursos que parecen cosas de abogados encerrados en despachos lejanos. Pero la última patraña que ha perpetrado el Tribunal Constitucional con el delito de malversación nos afecta directamente a todos los que pagamos impuestos y nos duele ver cómo se gestiona lo público...

1. ¿Qué ha dicho exactamente el Tribunal Constitucional? 

Para entender de qué estamos hablando sin tecnicismos de toga y birrete, el Tribunal Constitucional ha dado un giro radical y ha decidido avalar la amnistía para el delito de malversación en el caso de los líderes del procés (afectando de lleno a figuras como Carles Puigdemont).

¿Cuál es el argumento del Constitucional? Básicamente, viene a decir que si un político coge dinero público y lo desvía para un fin ilegal —como organizar un referéndum prohibido—, no cometió un delito grave de malversación si no se metió el dinero en su propio bolsillo. Es decir, según el tribunal, como no hay un chalet, un coche de lujo o una cuenta corriente particular a su nombre, la cosa no es tan grave y se puede perdonar.

2. La falacia del destino "noble o ideológico"

Aquí es donde empieza a sonar el primer gran "clanc" desde el punto de vista jurídico. Los defensores de esta postura y el propio tribunal asumen, casi de rositas, que el dinero se usó para una supuesta "causa noble", un ideal político o un proyecto colectivo. La organización de un referendum ilegal, para autorizar la independencia de un territorio español, algo completamente inconstitucional, es considerada por el tribunal, una "causa noble".

Pero vamos a ver: ¿en qué se basa el derecho para presuponer que la intención del infractor era bondadosa o ideológica? ¿Quién ha dicho que un fin político está exento de culpa? En un Estado de Derecho, el Código Penal no juzga los sentimientos o los románticos ideales del político de turno, sino el daño objetivo causado. 

Aquí, no estamos juzgando a un pobre indigente, o un pequeño delincuente, que ha robado algo, para subsistir, o para sobrevivir. Aquí estamos juzgando los desvíos de dinero de los contribuyentes, que ejecuta un político o gobernante, para un beneficio etéreo, noble, utópico, o vete tú a saber qué.

Si te saltas la ley presupuestaria, el fin al que destines el dinero —aunque sea para hacer campaña electoral o financiar tu partido— sigue siendo radicalmente ilegal. Justificar el desvío bajo el paraguas de una "causa" es abrir una puerta muy peligrosa. 

Quiero pensar, llamarme ingenuo si quereis, que la ley presupuestaria, es una ley aprobada por el Parlamento, y por los representantes legales nuestros, y que por tanto es lo que nosotros, los ciudadanos, hemos decidido hacer con el dinero de todos. Si un gobernante, intencionadamente, decide desviar dinero publico, que ya se ha destinado a sus partidas correspondientes, e incumple la ley presupuestaria, está desobedeciendo el mandato que nosotros, los ciudadanos, hemos decidido, y eso debería ser castigado con penas de carcel. Personalmente, considero que eso es un delito gravísimo.

3. El salto a los motivos no tan nobles

Pero avancemos un poco más en el proceso. Una vez que el dinero público sale de su cauce legal, se rompen los controles y entra en una zona de sombra. Pensar por ejemplo, en los Fondos Reservados, del Ministerio del Interior, o del CNI, que pueden ser destinos bastante opacos, por motivos obvios.

El dinero es líquido y escurridizo. Cuando un gobernante desvía fondos a asociaciones interpuestas, redes afines o proveedores sin concurso público, se pierde el rastro fiscal. ¿Quién nos asegura a ciencia cierta que ese dinero no se ha diluido por el camino para premiar a amiguetes, pagar sobresueldos encubiertos o lubricar clientelismos? Aunque el político principal no ponga el tiquet a su nombre, el dinero público acaba evaporándose en beneficio de terceros que forman parte de la misma red. La falta de transparencia se convierte en el mejor cómplice. 

Con esta sentencia tan irresponsable del Tribunal Constitucional, le estamos abriendo la puerta a todos esos políticos, gobernantes, o cargos públicos con poder, para que, con la excusa del destino "noble", desvíen fondos públicos sin control, y sin verguenza, a cambio tan solo de una simple advertencia, o un expediente que no llega a ningún lado, o como mucho, una infracción administrativa.

4. La trampa definitiva: ¿Y si el destino es completamente oscuro?

Y aquí llegamos a la casilla más peligrosa de todas, la que debería alarmarnos de verdad. Si aceptamos la teoría de que desviar dinero sin enriquecimiento personal directo es "menos grave" porque la intención era política, ¿qué impide que se utilice para cualquier otra cosa?

Pensemos en un gobernante sin escrúpulos —como los que por desgracia hemos sufrido en estos años de la mano de figuras como Pedro Sánchez, dispuesto a cualquier pirueta de poder con tal de mantenerse en el sillón a costa de sus socios—. Si un ejecutivo de esta calaña decide utilizar partidas opacas, cajones de sastre o circuitos de control difuso para desviar dinero a fines turbios, ilícitos o inconfesables, lo tiene hecho. ¿Quien nos asegura que no lo ha hecho ya? Como el circuito es oscuro y no hay un recibo directo con su firma, la coartada perfecta ya está creada: "Se usó para la causa". Con este razonamiento, se premia al peor gestor; cuanto más opaco seas, más fácil es librarse de la justicia.

5. El Supremo tiene razón

Llegados al final de este camino, hay que decirlo bien alto y claro. En este pulso jurídico, estoy mucho más de acuerdo con el Tribunal Supremo que con el Constitucional.

Creo firmemente que lo más importante en una democracia es el bien protegido: el dinero que nos cuesta sudor y lágrimas ganar a los ciudadanos con nuestro esfuerzo diario, y que debe destinarse estrictamente a sanidad, colegios, pensiones y servicios públicos.

El delito no deja de ser grave porque al político le motive más una bandera, un capricho o una oscura estrategia de poder que comprarse un piso en la playa. Si te saltas la ley y dilapidas o desvías el dinero de todos para un fin no permitido, estás rompiendo la caja común. Y eso es muy grave, y sencillamente, no debe ser amnistiable, bajo ningún concepto.

Porque si permitimos que la coartada política o la opacidad sirvan de barra libre para usar lo público a capricho, el dinero de los contribuyentes deja de tener cerrojos. Y un país donde los gobernantes pueden jugar con el pan de todos sin consecuencias penales firmes es un país donde la ley ya ha dejado de ser igual para todos.

¡¡Hasta la próxima!!

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